Consejo Cantonal de Protección de los Derechos

Los delegados del Consejo Cantonal de Protección de Derechos del Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) Municipal de Chone, mantuvieron una sesión de trabajo en las instalaciones del Complejo Judicial.

Se contó con la presencia del concejal, Remigio Ponce; esposa del alcalde, Genny Macías; administradora del Complejo Judicial, Johana Cedeño; representante de la Judicatura en Manabí, Jesús Loor; Juez Especializado en la Familia, Niñez y Adolescencia, David Andrade; Jueza Especializada en Contra de la Violencia de la Mujer y La Familia, Patricia Zambrano; Mardalli Cedeño, Maricela Mendoza y Lourdes Solórzano, miembros de la Junta cantonal de Protección de Derechos del cantón.

Entre las resoluciones constan que exista celeridad en los procesos en máximo 24 horas; existan los medios de comunicación (vehículo) para que la trabajadora social pueda ejercer sus tareas diarias; contratación de un profesional en Psicología Clínica; los jueces deberán brindar asesoramiento a los miembros de la Junta; atención a todos los casos o causas que se presenten y que sean de competencias y los otros serán derivados a los jueces competentes.

Asimismo invitar a la reunión del viernes 27 de febrero a los miembros del MIES y DINAPEN y finalmente trabajar en conjunto todos los organismos involucrados en la resolución de casos concernientes a la familia, niñez y adolescencia.

Reacciones.- El concejal Remigio Ponce, en representación del alcalde Deyton Alcívar, indicó que este tipo de reuniones deberían realizarse periódicamente, para ir evaluando las gestiones realizadas y conocer los resultados.

El representante de la Judicatura de Manabí, Jesús Loor, aseguró que buscan proporcionar a la ciudadanía una mejor atención en los casos relacionados al maltrato y violencia con la niñez, adolescencia y la familia.

El Juez Especializado en la Niñez y la Familia, David Andrade, dijo que hay que trabajar en forma conjunta y que la clave de todo proceso es la buena coordinación que debe existir entre los jueces competentes y los integrantes del consejo de protección.

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